Miguel Margalef Guerra

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con formación especializada en Prevención de Lavado de Dinero (certificado por ACAMS y por la CNBV), Derecho Financiero, Ley Fintech e instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo estudios en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid.

Es socio fundador de PMRC Abogados®, donde funge como Presidente del Consejo de Socios Administradores y Director del Área de Derecho Bancario y Financiero. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a entidades financieras y tecnológicas en la estructuración legal de sus operaciones, así como en procesos de cumplimiento normativo y regulatorio.

Su práctica se centra en la asesoría integral a instituciones financieras supervisadas (IBM, ITF, SOFIPO, SOFOM, transmisores de dinero, asesores en inversiones, emisores, adquirentes y agregadores), incluyendo procesos de auditoría, investigación del origen de recursos y diseño de programas de cumplimiento. Ha participado como miembro independiente de Consejos de Administración, así como en Comités de Comunicación y Control y Comités de Crédito de entidades financieras mexicanas.

Habla español e inglés, y se distingue por su liderazgo, visión estratégica, capacidad de negociación y profundo conocimiento del marco jurídico del sistema financiero mexicano.

Dentro de su experiencia profesional, se encuentra la prestación de servicios legales en materia de Derecho Notarial, Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Financiero, destacando, sin limitar, la elaboración y negociación de todo tipo de contratos de factoraje financiero; contratos de arrendamiento, civil, puro y financiero; contratos de reporto; contratos de fideicomiso; contratos de cesión; contratos de descuento; contratos de garantía; contratos de crédito en todas sus modalidades, con conocimiento de los mecanismos de fondeo utilizados por Banco de México a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); contratos de prestación de servicios; contratos de confidencialidad y contratos de obra bajo cualquiera de sus modalidades, así como la realización de auditorías e impartición de cursos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.